El Congreso aprobó ayer de forma definitiva la Ley de
Parques Nacionales que ha generado en las últimas semanas una gran polémica
debido a la prórroga que otorga hasta el año
2020 a usos antiguos como la caza, la pesca o la extracción
maderera. La nueva norma sustituye a la aprobada en 2007 con el consenso de
todos los partidos del Hemiciclo. Pero en esta ocasión, sólo el partido del
Gobierno, el Partido Popular (PP), ha respaldado la aprobación de la Ley.
El mantenimiento de la caza
deportiva en los Parques Nacionales en los que aún no se ha
prohibido de acuerdo con la Ley -Cabañeros, Sierra Nevada, Guadarrama y Picos
de Europa- se ha convertido en el caballo de batalla para los opositores. Pero,
según el Gobierno, el fondo de la cuestión es económico.
«A día de hoy no es fácil destinar partidas
presupuestarias para indemnizar los usos que no se ajustan a la Ley de Parques
Nacionales», explicó ayer, en un encuentro con periodistas, el secretario de
Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
Las indemnizaciones o expropiaciones
dependen mucho de cada caso y de cómo afecte a cada propietario, pero costarían
como máximo unos 300 millones de euros y en el mejor de los casos entre 50 y 60
millones, según detalló Ramos. «Pero preferimos llegar a acuerdos voluntarios
que desembolsar todo ese dinero público», dijo el secretario de Estado.
La figura de parque nacional se acerca en nuestro país a
los cien años de historia, pues ya la Ley de 7 de diciembre de 1916 contempló
la selección de un elenco de parajes excepcionales para la conservación de sus
valores naturales y el disfrute y respeto de la sociedad. Tras casi un siglo de
indudables trasformaciones en múltiples ámbitos, la esencia de esta figura
permanece inalterada en cuanto a la excepcionalidad y simbolismo que conlleva,
aparte de su riqueza natural, un reconocimiento social generalizado y unos
valores estéticos, culturales, educativos y científicos destacados. Es por ello
que su conservación merece una atención preferente y la declaración de interés
general del Estado.
En este sentido, la implicación del Estado en su
protección al más alto nivel, por ley de Cortes Generales, ha sido la clave de
lo constituye hoy en día la Red de Parques Nacionales.
La implicación del Estado en estos espacios y su
singularidad hace que se les haya dotado de un marco normativo propio y
específico, constituido por esa ley y sus instrumentos de desarrollo, así como
las leyes declarativas de cada parque.
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Esta Ley prevé acciones para el desarrollo territorial como ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, realizadas por las administraciones públicas dentro de su ámbito de competencia y conforme a las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo, la Ley protege aquellos usos y actividades tradicionales practicadas de forma histórica por propietarios, usuarios o residentes locales, en los parques nacionales que hayan sido reconocidos como compatibles o necesarios para la gestión.
El texto es exigente con los requisitos que debe cumplir
un territorio para ser declarado parque nacional de manera que sólo algunos
territorios excepcionales puedan merecer esta declaración.
Esta exigencia se puso de manifiesto ya con motivo de la
declaración de nuestros primeros parques cuando D. Pedro Pidal, ponente e impulsor de la primera Ley de Parques
Nacionales, acuño su famosa frase «serán pocos o no serán».
El Plan Director tendrá el carácter de directrices para la ordenación de los recursos naturales, de acuerdo con la legislación de protección del medio natural. Se pretende con ello dotar a los territorios de los parques nacionales de un régimen realmente exclusivo y muy especifico, diseñado para adaptarse a todas sus singularidades.
Refuerza el papel del Plan Rector de Uso y Gestión, asegurando su visibilidad de manera que nítidamente se pueda entender como un instrumento de planificación del parque nacional y permita calibrar su cumplimiento. En particular recupera contenidos como son los compromisos de planificación económica, las capacidades y dotaciones de las administraciones asignadas para el logro de los fines del parque nacional y el régimen de colaboración con titulares y propietarios.
La Ley se refiere al procedimiento para declarar un parque nacional basado en el interés general del Estado en su conservación. La iniciativa corresponde a las comunidades autónomas o al Gobierno de la Nación.
La iniciativa para la declaración de parques nacionales sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional corresponde únicamente al Gobierno de la Nación.
El Consejo de la Red de Parques Nacionales continúa siendo el órgano consultivo de mayor rango, presidido por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Título X se dedica a «proyección y participación social». Los parques nacionales deben constituir un referente no solo en su forma de hacer conservación sino también en su manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades, de manera que se busca integrar sectores y colectivos en las actividades de gestión así como implicar y apoyar a la población local residente, con el objetivo de lograr la cohesión territorial de las áreas en donde están situados.
Caracterización
Los parques
nacionales son espacios naturales, de alto valor ecológico y cultural, poco
transformados por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza
de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de
su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas,
poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos
destacados cuya conservación merece una atención preferente y se declara de
interés general del Estado.
Definiciones
b) Área de influencia socioeconómica de un parque nacional: territorio constituido por los términos municipales que aportan terreno al mismo, así como, excepcionalmente, siempre que haya causas objetivas que lo definan, por otros directamente relacionados, cuando así se considere en las leyes declarativas, en los que las administraciones públicas llevarán a cabo políticas activas para su desarrollo.
c) Sistema natural: conjunto de elementos y procesos, biológicos, geológicos y climáticos interdependientes que, como resultado de la libre evolución sobre un territorio, caracterizan su ecología y su paisaje hasta definir un escenario propio, reconocible y singularizable.
d) Estado de conservación desfavorable: situación de un parque nacional que del resultado de los índices y parámetros que se recojan en el Plan Director así se ponga de manifiesto.
Objetivos
Los
requisitos que debe reunir un espacio para que pueda ser declarado parque
nacional, son:
a) Será notoriamente representativo en
cuanto a tipología de especies y características naturales, de alguno o algunos
de los sistemas naturales incluidos en el Anexo de esta ley y debe suponer una aportación
adicional de sistemas naturales de forma que se evidencie la mejora de la
misma.
b) Contará con una proporción relevante
de las especies y comunidades propias del sistema natural que pretenda representar en la Red,
así como capacidad territorial y ecológica para garantizar que estas especies o
comunidades puedan evolucionar de forma
natural y mantener o alcanzar un estado de conservación favorable.
c) Tendrá una superficie
continua, no fragmentada y sin estrangulamientos, suficiente como para
permitir que se mantengan sus características físicas y biológicas y se asegure
el funcionamiento de los procesos naturales presentes. A estos efectos, la
superficie del parque nacional, salvo en casos debidamente justificados,
tendrá:
– Al menos, 5.000 hectáreas en parques
nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares.
– Al menos, 20.000 hectáreas en
parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y en parques
nacionales en aguas marinas.
d) Estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, sin aprovechamientos de carácter agrícola,
forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren
significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los
ecosistemas.
e) No podrá contener actividades
extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones
dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en los programas
de uso público o de visita del parque nacional.
2. En la superficie propuesta para
incluirse en un parque nacional no puede
existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado.
3. Si se encontraran elementos artificiales en el espacio
propuesto como parque nacional, estos deberán guardar vinculación histórica y cultural y estar integrados en el
medio natural, salvo casos debidamente justificados y que sean compatibles con
los objetivos de conservación del Parque Nacional.
Las actividades presentes y
consolidadas en el territorio de los parques nacionales en el momento de su
declaración serán objeto de estudio a fin de determinar las que resulten
incompatibles con la gestión y conservación del espacio. En el caso de existir, las
administraciones competentes adoptarán, preferentemente mediante acuerdos voluntarios,
las medidas necesarias para su eliminación dentro del plazo que establezca la
ley declarativa. En todo caso, se consideran actividades incompatibles las siguientes:
a) La pesca
deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con
fines comerciales. En el caso
de existir estas actividades en el momento de la declaración, las
administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para su
eliminación, dentro del plazo que a tal efecto establecerá la ley declarativa.
La
administración gestora del parque nacional podrá programar y organizar
actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats de
acuerdo con los objetivos y determinaciones del Plan Director y del Plan Rector
de Uso y Gestión.
b) Los aprovechamientos
hidroeléctricos, vías de comunicación, redes energéticas y otras
infraestructuras, salvo en
circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección
ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución
satisfactoria.
En el caso de que dichas actividades o instalaciones, estén
presentes en el momento de la declaración y no sea posible su supresión, las
administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para la corrección
de sus efectos, dentro del plazo que a tal efecto establecerá la ley
declarativa.
c) Las explotaciones y extracciones
mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras.
d) El aprovechamiento de otros recursos salvo aquellos
que sean compatibles con los objetivos del parque, se apoyen en derechos
consolidados o constituyan una aportación reconocida en la ley declarativa de
valores culturales, inmateriales o ecológicos.
e) El sobrevuelo a menos de 3.000
metros de altura sobre la vertical del terreno, salvo autorización expresa o por
causa de fuerza mayor.
4. Los planes hidrológicos de cuenca y
las administraciones competentes en materia hidráulica asegurarán los recursos hídricos adecuados en cantidad y calidad para
el mantenimiento de los valores y el logro de los objetivos de los parques nacionales.
TÍTULO III
La Red de Parques Nacionales
Objetivos
Con el
objetivo primordial de garantizar como legado para las generaciones futuras la
conservación de una muestra representativa de los principales sistemas
naturales españoles señalados en el Anexo de la presente ley, los objetivos
específicos de la Red de Parques Nacionales son:
a) Formar un sistema completo y representativo de dichos
sistemas naturales.
b) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos de los
parques nacionales en el ámbito técnico, social y patrimonial.
c) Asegurar un marco de actuación homogéneo en todos los
parques de la Red que garantice la coordinación y colaboración necesarias para
mantener un estado de conservación favorable.
d) Alcanzar sinergias en las acciones promovidas en el
ámbito de los parques nacionales y la Red por las diferentes administraciones
públicas con responsabilidades en su gestión.
e) Contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno de
los parques nacionales, mediante la cooperación con las administraciones y
otros actores sociales presentes en el territorio.
f) Promocionar y reforzar la imagen exterior de nuestros
parques nacionales y el papel internacional que desempeñan las políticas
españolas en esta materia.
g) Contribuir a la concienciación ambiental en la
sociedad en colaboración con otras instituciones y organizaciones pertinentes.
Los Planes
Rectores de Uso y Gestión se ajustarán al Plan Director de la Red de Parques
Nacionales y contendrán, al menos:
a) Las normas, objetivos, líneas de actuación y criterios
generales de uso y ordenación del parque.
b) La zonificación del parque, delimitando las áreas de
los diferentes usos y estableciendo la normativa de aplicación en cada una de
ellas, de acuerdo con los tipos de zonas que se establezcan en el Plan
Director.
c) La determinación y programación de las actuaciones
precisas para la consecución de los objetivos del parque en materias tales como
conservación, uso público, investigación y educación ambiental.
d) La estimación económica de las inversiones
correspondientes a las infraestructuras y a las actuaciones de conservación, de
investigación y de uso público programadas durante la vigencia del plan.
e) La relación de las actividades
clasificadas en incompatibles o compatibles con su conservación y gestión, y dentro de estas
últimas se distinguirán aquellas que, además, sean necesarias para la gestión y
conservación del espacio, así como los instrumentos de colaboración con los titulares y propietarios para su
integración, reformulación o indemnización en su caso.
f) Los criterios para la supresión de
las formaciones vegetales exóticas presentes en el interior del parque
nacional, así como para la erradicación de las especies invasoras.
g) Las medidas de integración y coordinación con las
actuaciones que pudieran desarrollarse en el interior del parque nacional por
otras administraciones públicas.
h) Las medidas de prevención frente a actividades
incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y de previsión de
catástrofes naturales o derivadas de la actividad humana.
La
gestión de los parques nacionales
2. Corresponde a la Administración General del Estado la gestión de los parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional.
3. En los casos en que un parque nacional se extienda por el territorio de dos o más comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de dichas comunidades podrán suscribir acuerdos para establecer fórmulas complementarias de gestión y administración a las establecidas en la presente ley en relación a los territorios de cada una de las comunidades autónomas.
4. En el caso de parques nacionales sobre territorios fronterizos, colindantes con otros espacios protegidos de terceros países, y en caso de establecerse un régimen de colaboración entre estos, corresponde a la Administración General del Estado la coordinación general de la actividad común que pudiera desarrollarse y del régimen internacional que pudiera establecerse, así como la representación institucional exterior del parque nacional.
Autorización
y concesión de actividades de servicios en un parque nacional
1. Los procedimientos de concesión y autorización de actividades de
servicios que, conforme a sus instrumentos de planificación y gestión,
vayan a realizarse en un parque nacional deberán respetar los principios de
publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el
principio de concurrencia competitiva en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de una actividad de servicios que se
promueva por la administración gestora del parque nacional conforme a los
instrumentos de planificación y gestión del mismo.
b) Cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio
de otras actividades de terceros.
2. Los criterios en que se basará la
concesión y autorización para la realización de actividades de servicios
estarán directamente vinculados a la protección del medioambiente.
3. La duración de dichas autorizaciones
y concesiones será limitada y proporcionada atendiendo a las características de
la prestación del servicio y no dará lugar a renovación automática, no
conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el anterior
titular ni para personas vinculadas a él.
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