En España antaño se vendían iglesias románicas y otros tesoros que ahora lucen en Museos en Nueva York o en propiedades privadas... Dijimos Adios a parte de nuestro patrimonio histórico - artístico ocasionado por la pobreza ligada a una incultura que generó escasa valoración.
En España, la sensibilidad, protección y conservación de nuestras riquezas naturales - de nuestro patrimonio natural - no es defendida por unas siglas políticas concretas más preocupadas por otras cosas por cuidar del patrimonio natural del país. Existe una falta de valoración generalizada de la sociedad española por su enorme patrimonio natural y ello se refleja en las actuaciones, programas y valores políticos que lo defiendan.
Europa actúa de Educador, Progenitor y nos marca las líneas de comportamiento para cuidar de lo que es nuestro: nuestra biodiversidad, nuestro territorio, nuestro patrimonio natural.
Aquí preferimos abrir todas las puertas a los cazadores regalándose ese instrumento de aniquilación de fauna nacida tras la primavera, que es la media veda.
Lamentablemente, no forma parte de ninguna línea curricular de la enseñanza pública dado que es una característica latina del propio pueblo español. Nuestros politicos, Ministros del ramo lucen la sensibilidad del pueblo sobre el que gobiernan.
A la hora de realizar los informes anuales sobre índices de protección de la naturaleza en la Unión Europea, las autoridades comunitarias siguen desesperándose con España.
Cómo es posible -se preguntan en Bruselas- que el país que acoge la mayor biodiversidad, el mayor número de ecosistemas y el listado de endemismos (especies exclusivas de un territorio) más importante de Europa siga sin aplicar las medidas necesarias para garantizar su conservación.
Hartos de soportar ese
desdén hacia nuestra propia naturaleza, la Comisión Europea ha vuelto a
llamar al orden al gobierno de Rajoy por desatender sus requerimientos
al respecto.
Esta vez la denuncia llega acompañada de un expediente de
infracción por no informar adecuadamente sobre las medidas de
conservación que se están aplicando en los más de mil espacios naturales
de nuestro país que, en aplicación de la Directiva de Hábitats y la
Directiva de Aves, forman parte de la Red Natura 2000.
La carta de
emplazamiento pregunta por qué sólo se han aplicado las correspondientes
medidas de protección en tan solo 89 de los 1.085 Lugares de Interés
Comunitario (LIC) declarados en nuestro territorio, circunstancia que
está provocando el retraso en la aprobación de la normativa comunitaria
que debe amparar la citada Red.
La Red Natura 2000 es
el proyecto de conservación de la naturaleza más ambicioso de la UE y
engloba a más de 26.000 espacios naturales que acogen los hábitats más
importantes y amenazados de su territorio.
Con una superficie total de
casi un millón (1 millón) de kilómetros cuadrados, se trata de la mayor red de
espacios protegidos del mundo. Un impresionante mosaico de ecosistemas - todos los hábitats, asociaciones vegetales europeas -
en cuyo territorio se pretende armonizar la conservación de la
naturaleza y el desarrollo sostenible de las actividades productivas
para lograr un modelo armónico de convivencia entre hombre y naturaleza.
España es uno de los
países que aporta un mayor número con 2000 de espacios protegidos a la Red Natura
2000. Asimismo, es el que aporta una de las mayores
extensiones de territorio: 15 millones de hectáreas, lo que equivale al
30% del país. Todo ello, lejos de representar un obstáculo al
desarrollo, supone una excelente oportunidad de avanzar hacia un modelo
más sostenible.
La creación de esta red
comunitaria de espacios protegidos representa un importante incentivo
económico para el medio rural, pues va acompañada de una significativa
partida de fondos comunitarios destinados a proteger los hábitats y la
biodiversidad que acogen cada uno de los territorios elegidos, pero
también a activar medidas y políticas de desarrollo que beneficien a las
personas que viven en ellos.
Por todo ello,
desatender ese requerimiento de Bruselas en lugar de aprovecharlo es,
además de un incumplimiento legal que puede acarrear una severa sanción,
una de las mayores torpezas que está cometiendo este gobierno, empeñado
en apostar por un aprovechamiento irracional de los recursos naturales
en lugar de poner en valor el alto patrimonio ecológico que representan.
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